LEGISLACIÓN ECUATORIANA.-


Art. 202.-
Del Código Penal Ecuatoriano, contempla la pena de 6 meses a 1 año de prisión y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a quien, "empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad".
El segundo Inciso del mismo Cuerpo Legal, considera una figura agravada, imponiendo una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si la información obtenida se refiere a la "seguridad nacional o secretos comerciales o industriales".external image portadamkt-244x300.jpg




EN EL ÁMBITO DEL ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS Y EQUIPOS.

La FCC
contiene un capítulo completo para prohibir y sancionar el acceso ilícito a los equipos informáticos y sistemas de información. Los delitos sean procesados como consecuencia de una petición individual de la víctima a las autoridades federales.

Artículos 211 bis 1 a 211 bis 7:
Establecen penas desde dos hasta ocho años y multas monetarias a partir de 335 a 3.000 euros a: (i) las que modifiquen, destruyan o causen la pérdida de información contenida en equipos de computación y sistemas "protegidos por artículos 211 bis 1 a 211 bis 7 establecen penas desde dos hasta ocho años y multas monetarias a partir de 335 a 3.000 euros a: (i) las que modifiquen, destruyan o causen la pérdida de información contenida en equipos de computación y sistemas "protegidos por un mecanismo de seguridad "pertenecientes a particulares o al Estado y las instituciones financieras, y (ii) copien la información contenida en equipos de computación y sistemas pertenecientes a los particulares, el Estado o para instituciones financieras, y “protegidos por un mecanismo de seguridad sin una autorización “. Las penas y sanciones contenidas en estas disposiciones puede ser duplicada cuando los funcionarios y empleados públicos del estado y el personal de las instituciones financieras llevar a cabo la conducta o cuando la información obtenida se utiliza para uso personal con fines ilícitos.
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